Propuestas para la agenda de trabajo del W20

Para adhesiones completar este FORMULARIO.

 1.  Paridad efectiva en la toma de decisiones en el Estado

La acción del movimiento de mujeres en la Argentina ha conseguido la reciente sanción de una ley histórica de paridad (50-50) para los cargos electivos en el Congreso Nacional. Sin embargo, en el Poder Ejecutivo nacional las mujeres representan hoy tan solo un 8% de los cargos como ministras. Algo similar ocurre en el Poder Judicial donde las mujeres son minoría. Esta experiencia nacional se replica con particularidades en todos los países del mundo y muestra que es necesario avanzar con acciones y objetivos concretos para hacer realidad la paridad en todos los ámbitos de decisión en el Estado.

2. Inversión de recursos públicos para la lucha contra toda forma de discriminación contra las mujeres

En la Argentina, las acciones contra toda forma de discriminación contra la mujer están canalizadas a través del Instituto Nacional de las Mujeres (INAM) con un presupuesto equivalente a alrededor de 7 pesos (0.5 dólares) por mujer por año. Para avanzar en el camino de la igualdad no basta con buenas intenciones: hacen faltan recursos en cada una de las políticas sectoriales (salud, educación, trabajo), en tanto las desigualdades atraviesan múltiples dimensiones. Es necesario entonces multiplicar estas partidas y avanzar hacia un nuevo estadio en donde la perspectiva de género atraviese toda la gestión pública. Además de mayores recursos, los presupuestos sensibles al género son la alternativa propuesta por la ONU para lograr que el diseño de las políticas públicas colabore para cerrar brechas entre varones y mujeres. Si bien en reuniones anteriores el W20 ha llamado a los estados miembros del G20 a que integren sistemáticamente el análisis de género y el presupuesto de género en todos sus aspectos, esto no ha tenido resultados a la fecha.

3. El futuro del trabajo requiere más derechos y mejores condiciones laborales (no al revés)

En la Argentina, la participación laboral de las mujeres alcanza el 48%. Sin embargo, más de un tercio de las trabajadoras se desempeña en el mercado informal. A su vez, la principal ocupación de las mujeres trabajadoras es la de empleada doméstica, una de las más informales y peor pagas del país. A su vez, algunos estudios parciales en nuestro país han mostrado que sólo el 2% de las travestis y trans tiene un trabajo formal. Esta situación se replica en Latinoamérica y constituye un problema serio que necesita ser abordado de una manera que signifique más derechos para las trabajadoras y mejores condiciones salariales. El G20 se ha comprometido con una meta específica de reducir la brecha de participación económica en un 25%, pero no se observan políticas orientadas a ello y la OIT no encuentra evidencia de que eso esté sucediendo. Por el contrario, esta situación se mantiene igual que en la última década y sin proyecciones de cambio. Frente a un mundo de mayor automatización y menos puestos de trabajo, la respuesta es un Estado que protege. Las discusiones en torno al futuro del empleo omiten el avance de reformas laborales  (como la de Brasil o el proyecto presentado en la Argentina) que, lejos de ser modelos de modernidad, nos retrotraen a tiempos pasados. Además del retroceso en términos de derechos laborales conquistados y la disminución de los estándares de protección laboral y social, estas reformas no contemplan la posición de las mujeres y, por tanto, reproducen las desigualdades

4. Garantizar un sistema de cuidados que contribuya a la igualdad

En la Argentina, las mujeres destinan casi el doble del tiempo que los hombres a las actividades de cuidado: 6,4 horas frente a 3,4. Esta situación afecta sus posibilidades de acceder a trabajos pagos o  desarrollarse en ellos. Por un lado, es fundamental alentar cuidados compartidos para desgenerizarlos, pero al mismo tiempo es tarea del Estado intervenir ofreciendo alternativas para que la solución en relación a la provisión de cuidado no quede limitada a la organización al interior del hogar. En la actualidad, la conciliación entre la vida laboral y familiar se resuelve contratando estos servicios en el mercado, lo que deja fuera a quienes no pueden pagarlos. Esto reproduce desigualdad en el acceso a la educación, al trabajo y al desarrollo entre varones y mujeres así como también entre mujeres en distintos contextos socioeconómicos. Para muchas mujeres, se convierte en una doble jornada laboral, que presiona también sobre su salud y atenta contra su calidad de vida. El G20 ha propuesto que se prioricen políticas de protección social y desarrollo en infraestructura que reduzcan el peso de los trabajos no pagos sobre las mujeres. Esto no solo sería beneficioso para ellas sino que además contribuye al crecimiento y la creación de empleos. Sin embargo, poco se ha avanzado con la puesta en marcha y la concreción de sistemas de cuidados tanto para niños como para adultos mayores.

5.  Contemplar adecuadamente las necesidades y el potencial de las mujeres que habitan y producen en zonas rurales en los procesos de desarrollo

Varones y mujeres participan activamente de la vida social y productiva en las áreas rurales, sin embargo, existen marcadas asimetrías en las relaciones de poder que atraviesan a toda la estructura agraria, y que establecen desigualdades de género en el acceso, uso y control de los recursos y de los bienes, en las oportunidades, en la participación y en la toma de decisiones. Estas desigualdades se traducen en importantes inequidades en desmedro de las mujeres e impactan también en la eficacia de las políticas públicas cuando ellas no son identificadas como productoras, arrendatarias o dueñas de los medios de producción. A la hora de acercar ofertas de asistencia técnica, de crédito o de capacitación, las mujeres no son identificadas como interlocutoras válidas, confirmando de esta manera su exclusivo rol reproductivo y doméstico otorgado y asumido por pautas culturales construidas a lo largo del tiempo. En este sentido, el acceso desigual a la propiedad de la tierra es una problemática fundamental, que repercute sobre el acceso a otros derechos. Si bien la conducción del W20 ha puesto este tema como uno de sus ejes, dada la relevancia del sector agroindustrial en nuestro país, llamamos a ampliar la mirada  para revertir la estructura precaria y desigual sobre la cual se desarrolla este sector.

6. Elaboración de estadísticas inclusivas que permitan avanzar en el diagnóstico, la planificación y el monitoreo de las políticas de género

A nivel mundial el trabajo doméstico no remunerado es realizado mayoritariamente por las mujeres, generando una fuente de desigualdad que impacta en sus posibilidades de insertarse en el mercado laboral, desarrollarse profesionalmente, estudiar, entre otros. Sin embargo, a la fecha contamos en Argentina solamente con una medición de escala nacional. Incorporar el trabajo doméstico no remunerado a las estadísticas oficiales estimadas periódicamente es crucial para lograr el reconocimiento de este trabajo, y el diseño de políticas que permitan reducir su carga y redistribuirlo entre distintos sujetos e instituciones, para así igualar oportunidades. Algo similar ocurre en el caso de las mujeres rurales, que constituyen uno de los segmentos más vulnerados: en la actualidad la información sobre su situación solo es relevada en censos poblacionales, y no en encuestas de mayor periodicidad (como la Encuesta Permanente de Hogares o la Encuesta Anual de Hogares Urbanos) que se limitan a zonas urbanas. A su vez, la comunidad LGBTTTIQ permanece completamente excluida del diseño de políticas públicas en tanto no se releva su situación particular en ninguno de los instrumentos estadísticos del Estado. Para poder transformar la realidad, necesitamos disponer de datos que den la posibilidad de generar herramientas de inclusión.

7. Plan integral contra la erradicación de la violencia machista, la lesbofobia y la transfobia

En los últimos años, la sensibilidad frente a la violencia machista y los estereotipos de género ha hecho que estas cuestiones estén más visible. En la Argentina, a partir de 2015 se consolidó el colectivo “Ni Una Menos”, un amplio movimiento de mujeres que visibilizó los múltiples casos de femicidios e impuso en la agenda pública el debate sobre la violencia machista. Sin embargo, aún estamos muy lejos de una sociedad en la cual mujeres y varones recibamos igual trato y oportunidades. No existen cifras oficiales sobre crímenes de odio basados en orientación sexual o identidad de género, pero se sabe que las feminidades trans y travestis son las más vulneradas. Hoy sólo existe un registro oficial de femicidios que depende de la Corte Suprema de la Nación, que incluye a la población trans, cuyos datos son incompletos. Además, es necesario contar con información sobre otras dimensiones de la violencia machista, para poder actuar en consecuencia: violencia obstétrica, violencia sexual, violencia económica son sólo algunas de las violencias sobre las que los Estado deberían poner el foco. A su vez, es necesario avanzar por la inclusión real de feminidades trans que impliquen derechos básicos como la salud y el trabajo.  La exclusión de las travestis y trans las expone al acoso y violencia policial, al maltrato y tiene su punto más violento en los travesticidios. La expectativa de vida de una persona trans en América Latina es de 35 años. A nivel internacional aún observamos muchas inequidades en los derechos de las personas LGBTTTIQ, que se expresan también en la invisibilidad lésbica. Es central que los Estados avancen en el reconocimiento de las estructuras machistas para generar oportunidades y derechos, y velar por su efectivo cumplimiento.  

8. Implementación plena de la Educación Sexual Integral

Para combatir los estereotipos y avanzar en un real cambio cultural en cuestiones de género en pos de la igualdad, es fundamental incorporar cambios en la educación formal y no formal que modifiquen patrones socioculturales basados en la superioridad o inferioridad de cualquier género que, tal como lo sostiene la Convención de Belem do Para, son los que legitiman o exacerban la violencia contra la mujer. En nuestro país, la Ley de Educación Sexual integral (ESI) es la política más abarcativa para luchar contra estereotipos de género. Sin embargo aún enfrenta obstáculos para su implementación universal y su efectivo cumplimiento en los establecimientos educativos. Es necesario además que el Estado invierta recursos en capacitar y acompañar a los equipos de conducción, docentes, personal administrativo y otro personal no docente de establecimientos educativos para la plena implementación de la ESI en todos los niveles y todas las instituciones. En Latinoamérica, las tasas de embarazo adolescente son muy elevadas (están en 2do lugar después de África subsahariana) y reflejan un alto nivel de desconocimiento de métodos de anticoncepción, así como muchos embarazos no deseados. A su vez, la mayor parte de estas jóvenes está en hogares pobres. Es necesario que los y las jóvenes puedan acceder de manera gratuita a todos los métodos anticonceptivos, sin imponer condiciones arbitrarias y procurando eliminar las barreras que limitan el acceso.

9. Aborto legal, seguro y gratuito

Los Derechos Sexuales y Reproductivos son parte de los Derechos Humanos; buscan garantizar que las personas puedan tomar decisiones sobre su cuerpo, su vida sexual y reproductiva con libertad, confianza y seguridad, de acuerdo a su vivencia interna (asociada al cuerpo, la mente, la espiritualidad, las emociones y la salud) y externa (asociada al contexto social, histórico, político y cultural). Para hacerlos realidad, es central que se apruebe el aborto legal, seguro y gratuito. En la Argentina, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito presentó en 2017 y por sexta vez consecutiva el Proyecto de Ley que despenaliza y legaliza la Interrupción Voluntaria del Embarazo hasta la semana 14 de gestación para mujeres y personas gestantes. Se estima que, a pesar de la penalización, se  realizan  cerca de 500.000 abortos clandestinos por año, y esta situación mata entre 150 y 300 mujeres anualmente. El aborto es un problema que atraviesa las clases sociales, sin embargo,  quienes mueren o enferman son las mujeres más pobres y jóvenes. Es también un problema de salud pública, ya que Argentina tiene una tasa de muertes maternas muy alta y su primera causa es por abortos clandestinos. Las mujeres y personas gestantes tienen derecho a acceder a la salud integral. En toda Latinoamérica, la legislación relativa al aborto está alejada de las necesidades concretas de las mujeres, y son excepcionales aquellos países que, como Uruguay, lo permiten en todos los causales.

Contacto:

W20agenda99@gmail.com

0 comentarios

Dejar un comentario

¿Quieres unirte a la conversación?
Siéntete libre de contribuir

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *